Fernando Guldrís, director del IGAPE de la Xunta de Galicia, centro asociado a la red ANCES, ha participado en la jornada Fondos Next Generation del Colegio de Economistas de A Coruña. Se abordaron, según informa el IGAPE, las posibilidades que ofrecen estas partidas europeas para avanzar en el desarrollo económico y social de Galicia. Guldrís subrayó que la colaboración público-privada es la manera «más eficaz» de optimizar estos recursos y que por eso la Xunta trabaja desde hace meses con el tejido productivo gallego y otros agentes económicos en las propuestas para la captación e impulso de proyectos tractores.
El director del Igape recordó que ese es el objetivo que impulsó a la administración autonómica a formar parte de la sociedad público-privada encargada de madurar las iniciativas que se van a desarrollar en Galicia al amparo de los fondos Next Generation. Liderazgo por la iniciativa privada y apoyado por el Gobierno gallego, este nuevo instrumento impulsará las propuestas que se seleccionen como candidatas, así como la busca de inversores y la planificación estratégica de cada una.
Guldrís destacó que tanto esta sociedad público-privada como la Ley de simplificación administrativa y reactivación económica de Galicia, que acaba de aprobar el Parlamento gallego, pretenden proporcionar mayor agilidad tanto a la captación de nuevos proyectos como a la posterior tramitación, desarrollo y puesta en funcionamiento, garantizado la seguridad jurídica. En ese sentido, incidió en que la nueva normativa impulsará las iniciativas industriales estratégicas y las susceptibles de ser financiadas con los Next Generation.
El director del Igape explicó que Galicia ya envió al Gobierno de España iniciativas que buscan profundizar en la modernización del tejido productivo gallego a través de la transformación digital, la movilidad sostenible y la transición ecológica, la cohesión social y territorial y el desarrollo de una administración más dinámica y digital.
Hizo hincapié, además, en que la transparencia, la colaboración entre administraciones y la igualdad de oportunidades entre comunidades autónomas deben guiar la distribución de los fondos, con criterios de reparto basados en la dispersión de la población, el reto demográfico, la transición industrial y la digitalización, que contribuyan a reducir las diferencias existentes en los niveles de renta de las regiones.
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